De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, el derecho
a la información es el primer derecho básico de los consumidores. Contar con información
de los bienes y servicios que las compañías ofrecen de manera oportuna,
completa, clara y veraz permite a los consumidores elegir qué es lo que quieren
comprar. Por ello los mexicanos tenemos derecho a saber si los alimentos que adquirimos
para nuestras familias contienen ingredientes o derivados de transgénicos, para
que así cada uno decidamos si los comemos o no.
Este derecho no está garantizado por la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados vigente en México (mejor conocida como Ley
Monsanto), que sólo obliga a informar sobre los transgénicos que sean
“nutrimentalmente distintos de forma significativa”. Esta característica es
vaga y discutible por lo que la industria puede usar esta imprecisión para
evadir su obligación de informar al consumidor. A principios de 2006 se
presentaron dos iniciativas en el Senado para que dicha ley establezca que el etiquetado
de transgénicos sea obligatorio y así se respete el derecho legítimo e
incuestionable de las personas a saber y decidir qué es lo que se comen.
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